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Cincuenta personas se manifiestan en Rute, convocadas por el sindicato CTA, para reclamar que Clece aplique el incremento salarial que les corresponde
En torno a cincuenta personas del Servicio de Ayuda a Domicilio, mujeres en su mayoría, se manifestaban en Rute el pasado sábado 21 de noviembre. Convocadas por el sindicato CTA, querían reivindicar la subida salarial del 6,5% pactada en convenio y los atrasos que les deben desde primeros de año. La marcha partió del Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas y concluyó en el Ayuntamiento. Durante el recorrido les acompañaron empleadas de otras localidades como Montilla o Doña Mencía, representantes políticos y de asociaciones como Horizonte. La presidenta del comité SAD de Rute, Raquel Molina, les agradeció su apoyo.
En Rute trabajan en este sector 135 personas, casi todas mujeres. En su nombre, Dolores Serrano recordó que en la pandemia fueron un sostén para la población dependiente. Ahora defienden que no pueden cobrar por debajo del salario mínimo interprofesional. No sólo reclaman esa subida que les corresponde y el pago de los atrasos, sino que se respete el descanso intersemanal o entre una jornada laboral y la siguiente. También han denunciado que el desplazamiento entre los domicilios de los usuarios no se reste de la atención que éstos reciben y que no tengan que costearse su propio traslado a las aldeas. El malestar es mayor al ver los crecientes dividendos de la empresa Clece, adjudicataria del servicio en Rute. La acusan de beneficiarse de ayudas públicas que no repercuten en los trabajadores ni en los usuarios.
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Por su parte, Francisco Moro, secretario general de CTA, explicó que, tras dos años sin subidas salariales (2020 y 2021), el convenio deja claro que, si el PIB es superior al 2%, la actualización salarial ha de ser acorde “al IPC real”. El último PIB ha sido del 4,5%. Por tanto, hay que aplicar una subida salarial acorde al IPC, del 6,5%. Moro también señaló que el convenio recoge la obligación de que la empresa pague el desplazamiento entre domicilios. El sindicalista remarcó que el coste para la empresa puede rondar los nueve euros por hora, mientras que lo que reciben de dinero público es 14,60. En su opinión, el problema de fondo es que esto es un servicio público que debería prestar la administración, en lugar de “subastarlo” cada cuatro años.
Los últimos turnos de intervenciones correspondieron a Abundi Alba, como presidenta de Horizonte, y a Antonio Ruiz, como alcalde. Ruiz insistió en que la dependencia es “un derecho reconocido” que además genera empleo. Sin embargo, reconoce que tiene “muchos desajustes y alguna injusticia”. Por eso, ve incluso insuficiente la subida. Por ello, como vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, él mismo ha trasladado a la Junta que se cumpla.
Las movilizaciones de CTA en la provincia no acaban ahí. Para el 30 de noviembre, han convocado concentraciones en Montoro y La Carlota. Asimismo, si continúan sin cumplirse las condiciones pactadas, tienen previsto hacer huelga en estas localidades esa misma jornada y los días 5, 7 y 9 de diciembre.
