Las noticias sobre muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas no dejan de sacudir los medios de comunicación y la conciencia de la ciudadanía, pero no parecen afectar a quienes desde la responsabilidad máxima de legislar y dotar financieramente las leyes, deberían actuar con diligencia frente a una barbarie que no admite más prórrogas. Siempre mostraremos nuestra más enérgica repulsa a actos violentos o injustos, pero también nos gustaría no tener que ver la desesperación de muchas mujeres que sienten indefensión ante las medidas judiciales que más que protegerlas frente a su agresor, las dejan inermes y al arbitrio de su verdugo. Marzo es un mes de reivindicación de la igualdad en todos sus sentidos, de la protección frente a la violencia de género, de hacer valer de una vez la necesidad de la mujer en una sociedad más justa y coherente, de la expiración del machismo y de la justificación del feminismo como única vía de alcanzar sociedades plenas en las que todos podamos disfrutar de los mismos derechos, independientemente de nuestro género. Son las mujeres quienes deben seguir alzando la voz, dar un paso al frente, perder el miedo y denunciar, buscar apoyo en la sociedad y luchar por su independencia. Pero somos todos responsables de facilitar las vías que lleven a la elaboración de una ley de Igualdad de Género efectiva y sin resquicios que amparen la desigualdad. Somos todos responsables de que los poderes públicos garanticen que la lacra del machismo y el maltrato desaparezca de nuestra sociedad. También nos bombardean continuamente con la problemática de las pensiones. La Hucha de las pensiones toca fondo y no se garantiza la viabilidad de un sistema que se sustenta en la solidaridad entre trabajadores y en el reparto de la riqueza. La jubilación es una etapa crucial en la vida de todo trabajador. Pero la Ley es demasiado encorsetada y no permite adaptar las jubilaciones al amplio espectro de situaciones que se dan entre los diferentes colectivos de trabajadores. Es necesario un nuevo pacto de Toledo, pero con más sentido común. Hay oficios en los que se podría llegar voluntariamente a los 70 o 75 años sin problema, y otros en los que con apenas 55 o 60 el esfuerzo físico necesario no permite seguir desempeñando con seguridad el puesto de trabajo. También habría que recoger la voluntad del trabajador, edades mínimas necesarias y años de cotización, así como prórrogas voluntarias siempre que se demuestra la idoneidad para seguir desempeñando el puesto de trabajo. Y lo más importante, apostar por crear más puestos de trabajo disminuyendo las horas de trabajo semanales. Ya se vaticina una amplia destrucción de empleos que serán ocupados por robots y que llevarán al paro a miles de personas en la próxima década. Quizá se haga necesaria la reducción de jornadas y el reparto de éstas entre los trabajadores cualificados existentes para garantizar la sostenibilidad de la propia sociedad. Incluso la necesidad de aplicar un impuesto que recaude a modo de I.R.P.F. el trabajo realizado por robots que antes realizaban las personas para poder afrontar una situación que se vislumbra bastante complicada para los trabajadores y clases medias. La solución no es fácil, pero la necesidad de adoptar ya medidas efectivas que frenen la falta de ingresos para sufragar las pensiones y la inversión en I+D que genere más puestos de trabajo deberían ser las políticas prioritarias de esta legislatura… y no estar divagando sobre la identidad de los pueblos en un mundo globalizado.
¡DESTACAMOS!
