Fotografía de Rafaela Torres donde se ve a Juliana y su marido sin poder entrar a las habitaciones cedidas por el Ayuntamiento
Si hay una persona representativa en Rute de la lucha por la recuperación de la memoria histórica, ésa es Juliana Sánchez. A sus 78 años, acude a diario al cementerio de San Rafael, en Málaga, donde se encuentran los restos de su padre, fusilado en 1937. Participa en los trabajos de excavación que llevan a cabo los miembros de la “Asociación contra el silencio y el olvido por la recuperación de la memoria histórica de Málaga”, familiares igualmente de otros represaliados en la Guerra Civil. Su tenacidad constituye para muchos un ejemplo y le ha llevado a ser protagonista en medios de nuestro país e internacionales. En Rute se le tributó un homenaje de reconocimiento en agosto del año pasado. Sin embargo, cuando en octubre se han cumplido dos años desde que se iniciaran las excavaciones en el cementerio malagueño, no todo parece estar de parte de la ruteña. Desde abril de este año, su tarea se ha convertido en una carrera de obstáculos.
Cuando comenzaron las obras de exhumación, el Ayuntamiento cedió por escrito dos habitaciones a los voluntarios, como lugar de encuentro e información. En abril, en cambio, el presidente de la asociación, Francisco Espinosa, decidía reconvertir una habitación en almacén, con el argumento de ahorrarse 400 euros en alquiler de casetas. Para su sorpresa, Juliana y su marido, y colaborador, José Rojano, se vieron de pronto en la calle. Al oír la explicación, les vino de inmediato una pregunta a la mente: ¿Por qué les dejan fuera diciendo que se ha cerrado la habitación cuando en realidad hay dos cuartos” ¿Qué pasa con el otro”
Rafaela Torres, responsable y titular del dominio web de la asociación, y principal defensora de Juliana, ve detrás de esta decisión el trasfondo de que la ruteña le puede hacer “sombra mediática” a los directivos. Además, denuncia que, “por algún motivo desconocido”, no quieren que llegue información alguna a los familiares, algo de lo que se ocupa personalmente Rafaela, bien mediante soporte digital o impreso, siempre pagado por ella misma.
Así, ha transcurrido el verano para la anciana, que tenía que acudir a un bar situado a 500 metros del cementerio cuando las necesidades la acuciaban. En cuanto a los problemas de los directivos de la asociación con Rafaela Torres, vienen de lejos, desde que ésta comenzara a revelar “irregularidades” en cómo se están llevando a cabo las excavaciones.
La asociación cuenta con subvenciones del propio Consistorio malagueño, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. A cambio, ha de comprometerse a realizar tareas de exhumación e identificación de los restos hallados. Rafaela ha denunciado reiteradamente la ausencia de la figura del forense y que se estén dando “mucha prisa” por realizar las exhumaciones. Pero las tareas de identificación están “abandonadas”, en contra de lo que dice el Real Decreto 1697/2007, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de la subvención. El presidente habla de que tienen solicitada una base de datos de ADN, pero no es capaz de dar una fecha para la identificación.
Hasta tal punto han llegado las diferencias que Rafaela tiene desde hace meses prohibida la entrada al cementerio, “cuando cualquier persona accede libremente”, y ha acabado siendo expulsada de la asociación. Sin embargo, el detonante de su malestar fue el cierre de la habitación para Juliana y el “trato inhumano” que está recibiendo. La activista afirma que el presidente de la asociación llegó a llamar “camarilla de fascistas” a la ruteña y su marido, algo que ellos mismos han confirmado, junto con varios testigos. Espinosa desmiente rotundamente este extremo, incluso que en una asamblea se comprometiera a “retirar” esas palabras si había llegado a decirlas, “porque uno no puede retirar algo que no ha dicho”. El presidente asegura “no entender” la postura de Juliana, porque siempre la ha tratado “con respeto y cariño”.
Lo cierto es que la situación de la ruteña ha alcanzado ya un punto tan grotesco que hasta tiene que entrar al cementerio acompañada de un vigilante “por seguridad”. Ella argumenta que desconoce de quién tiene que protegerse, cuando en Rute ha dicho los nombres de “los criminales” que mataron a su padre, y en cambio se pasea “tranquilamente”. Más que su posible trascendencia mediática, sospecha que estas personas “tienen algo que guardar”. No sabe bien qué, pero reclama “una investigación” que aclare “qué intereses hay”.
