Antonio Ruiz se manifestó junto con otros regidores de la provincia ante las puertas de la Diputación de Córdoba
Del 14 al 20 de octubre, se ha programado en todas las provincias andaluzas la Semana Europea de la Democracia Local. Se trata de una iniciativa del Consejo de Europa y su Congreso, que busca promover una ciudadanía activa en la democracia local. El evento comenzó a celebrarse en octubre de 2007. La novedad es que, por primera vez en nuestra tierra, la Junta de Andalucía ha actuado como promotora. La presente edición de estas jornadas coincide con el debate de las enmiendas a la totalidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que impulsa el Gobierno central. Es por ello que en estos días se han sucedido en todo el país protestas y debates en torno a dicha reforma local. Sus detractores sostienen que la norma supone recortes en las competencias y recursos de los ayuntamientos, y que es una estrategia del Gobierno de la Nación para recentralizar la estructura del Estado y alejar el trabajo de la administración más cercana al ciudadano.
Sobre estas cuestiones ha hablado el regidor ruteño, Antonio Ruiz, en la Onda Local de Andalucía, la red de emisoras municipales de la que forma parte Radio Rute. Según Ruiz, la reforma pretendida por el Gobierno de Mariano Rajoy es “un atentado” para la democracia y la autonomía de los ayuntamientos. Lejos de suponer un ahorro, lo único que hará será “crear ciudadanos de primera y de segunda”, según lo que cada uno se pueda costear. De hecho, cree que implica “una privatización encubierta de servicios”, con una subida de costes. Por todo ello, el alcalde de Rute ha mostrado su “indignación” ante una medida que aleja hasta las capitales determinados servicios sociales. Otro tanto sucede con servicios públicos culturales o deportivos de los municipios, al dar por hecho que son “competencias impropias” de los ayuntamientos.
Antonio Ruiz se pregunta en voz alta “qué va a pasar con la ayuda a domicilio o los centros residenciales”. Califica de “barbaridad” que esta reforma “diga que son impropias políticas necesarias para la ciudanía”. De ahí que haya adelantado que se van a movilizar todo lo que sea necesario “para que este atentado contra los servicios públicos no sea una realidad”. El primer edil ruteño no oculta que la situación de los ayuntamientos es “difícil”. Sin embargo, cree que la reforma no evita duplicidades. Además, los municipios deben ser “autónomos, dentro de lo que marca la Constitución, como parte del Estado”. Asegura que “todos los alcaldes y alcaldesas” son conscientes de que los presupuestos han de ser equilibrados, sin déficit. A cambio, exigen que esas cuentas se puedan utilizar “de manera global”. Es decir, que el equilibrio entre gastos e ingresos sea en conjunto, “no partida a partida, porque eso elimina instalaciones deportivas, escuelas de música, medios de comunicación o políticas sociales”. Por tanto, sospecha que la reforma “esconde una razón ideológica más que económica”.
Para contrarrestar los posibles efectos de la medida del Gobierno central, Andalucía aprobaba el pasado martes, 15 de octubre, el anteproyecto de ley del Consejo Andaluz de Concertación Local. Así, la Junta ha dado luz verde a la creación de este órgano que nace como “medio de diálogo y colaboración institucional” entre el municipalismo y el Ejecutivo andaluz. La aprobación llegaba en la reunión semanal habitual del Consejo de Gobierno andaluz, sólo dos días antes de la tramitación de las enmiendas a la totalidad de la reforma local, que fueron rechazadas por el Gobierno central del PP. Coincidiendo también con esta votación, en la mañana del jueves se sucedieron las manifestaciones de representantes municipales en todo el país. En Andalucía, alcaldes, alcaldesas y ediles de PSOE e Izquierda Unida se concentraron ante los consistorios y las diputaciones. El de Rute fue uno de los que acudió a las puertas de la Diputación de Córdoba.
Frente al proyecto del Gobierno central, el Consejo Andaluz de Concertación Local podrá formular propuestas al Consejo de Gobierno y resolver problemas de interpretación en procesos de transferencias de competencias y de financiación. También podrá emitir su parecer en los procesos de creación y supresión de municipios. Antonio Ruiz ha valorado “muy positivamente” este paso, que va en línea con la presentación en su día por parte del Partido Socialista de un “recurso de inconstitucionalidad” para que esta reforma “no llegue a ponerse en marcha”. Es, según apunta, “lo único” que pueden hacer ante un gobierno central que aprovecha su mayoría absoluta “para aprobar leyes sin contar con nadie”. Por eso, tienen que utilizar “los mecanismos que quedan”.
