El decano del Colegio de Abogados de Lucena es denunciado por prevaricación continuada

  • El denunciante pide al ruteño Diego Juan Chacón, que renovó en 2018 al frente de la institución, que cumpla su obligación de volver a convocar elecciones

Diego Juan Chacón en el acto de Coronación canónica de la Patrona

Las discrepancias de los últimos meses en el seno del Colegio de Abogados de Lucena han sufrido una vuelta más de tuerca. Al frente de la entidad está una persona de Rute, Diego Juan Chacón, que ahora ha sido denunciado por presunta prevaricación continuada. Los hechos se remontan a finales de 2020. En diciembre dimitieron cinco de las siete personas que conforman el colegio, que hablaron de “desavenencias” con el decano, el propio Chacón, para justificar esta decisión casi unánime. Junto a él, el órgano lo componen tres diputados, un tesorero, un bibliotecario y un secretario.

  • Según el demandante, el “consciente incumplimiento” del decano de la obligación de convocatoria constituye “un presunto delito de prevaricación continuada”

Dos meses después se celebraron elecciones para reponer los cargos vacantes. El triunfo fue para la lista opositora. De la candidatura promovida por el decano, únicamente accedió al órgano dirigente, como electa, Araceli Montilla, por motivo de la exclusión del proceso de Javier Ortiz López de Ahumada. Ha sido precisamente este último el que ha formulado ahora la denuncia contra el decano.

En mayo, la Junta Electoral del Colegio de Abogados de Lucena se pronunciaba en contra de la decisión adoptada contra Javier Ortiz. De esta forma, lo volvía a proclamar candidato al cargo de diputado primero. A primeros de octubre, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ratificaba esta resolución al considerar “ilegal” la exclusión de un candidato y obligaba a una nueva votación.

El comunicado detalla que el “consciente incumplimiento” por parte del decano de esta obligación de convocatoria y su “empecinamiento antiestatutario” de mantener en el cargo a la diputada declarada electa, a pesar de la anulación de dicha declaración, constituye “un presunto delito de prevaricación continuada”. De ahí que lo haya puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Córdoba, mediante escrito presentado el 19 de octubre en la sede de la Fiscalía de Lucena.

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