Isabel Palacios ha destacado que los consumidores andan muy desorientados sobre sus derechos
Isabel Palacios ha destacado que los consumidores andan muy desorientados sobre sus derechos
22/11/11 13:25
RADIORUTE.COM
Hasta Rute se ha trasladado la Unión de Consumidores de Córdoba, para ofrecer información a los usuarios de nuestro municipio. Desde su fundación, hace algo más de 20 años, UCE Córdoba presta asesoramiento en servicios básicos como suministro eléctrico, de agua, gas o telecomunicaciones. La presencia en Rute de esta asociación de consumidores es posible gracias a un programa puesto en marcha en colaboración con la delegación Provincial de Salud de la Junta. Mediante este programa, se acercan dos veces al año de forma gratuita a pueblos donde no hay oficinas municipales de información al consumidor. Isabel Palacios, secretaria general de UCE Córdoba, ha recordado que la propia Constitución reconoce los derechos de los consumidores y usuarios, así como la existencia y promoción de asociaciones de este tipo. La normativa en materia de consumo se reguló por ley en 1984, a raíz de la aparición del aceite de colza. En Andalucía se hizo un año después y se actualizó en 2003, una vez transferidas las competencias a las comunidades autónomas.
La secretaria ha confirmado que el perfil del consumidor andaluz detecta la vulneración de sus derechos una vez se ha producido. Por lo tanto, las actividades formativas de UCE están orientadas a “prevenir problemas futuros”. Según Palacios, cada vez es más necesaria la intervención de las asociaciones de consumidores, porque se ha producido una curiosa paradoja. La liberalización de mercados como la telefonía, la luz y el gas, “no se ha traducido en una mejora de sus servicios”. Al contrario, su información es “muy deficiente”.
Cada vez que un usuario contrata un servicio, el usuario tiene derecho a una copia. La controversia viene en el mundo de las telecomunicaciones, donde ese servicio con frecuencia no se contrata por escrito. En ocasiones, se produce un incumplimiento por parte de la empresa. Para casos así, Palacios asegura que el usuario también tiene derecho a una copia por escrito, siempre que lo deje claro cuando hace la contratación. En caso de no coincidir las cláusulas con lo acordado a través del teléfono, el usuario puede resolver ese contrato a su favor.
Como ejemplo, cita los compromisos de permanencia, que en la mayoría de los casos llegados a la UCE, es la propia empresa la que ha incurrido en un incumplimiento. En cualquier caso, el principal problema está no sólo en que los usuarios no conocen muchos de estos derechos, sino que también andan “desorientados” a la hora de dirigirse a asociaciones como ésta para saber qué pasos dar. Ni siquiera saben que hay que dejar constancia de los hechos a través de una hoja de reclamaciones, algo que las empresas tienen la obligación de facilitar, aunque muchas tampoco lo sepan.
Otro episodio que se suele dar es la desidia de los mismos consumidores, que, en función de la cantidad reclamada, a veces desisten por no embarcarse en trámites burocráticos. Isabel Palacios ha destacado que para casos así está el Sistema Arbitral de Consumo. A él pueden recurrir únicamente los consumidores como destinatarios finales de un servicio contratado para uso particular. En Córdoba existe la Junta Arbitral de Consumo a través de la Diputación. Según ha señalado, es un servicio “totalmente gratuito”. Además, la resolución del conflicto se emite a través de un laudo “de obligado cumplimiento”.
