El acalde y la consejera durante la firma del convenio de apoyo al Programa Andaluz
Una de las cuestiones innegociables del grupo de IU para dar su apoyo al Gobierno andaluz en las pasadas elecciones autonómicas fue su compromiso de lucha contra los desahucios. Para la titular de la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, se trata de “un drama social” que ha provocado cerca de ochenta y seis mil desahucios desde 2007 en nuestra comunidad autónoma. De ahí que, desde que IU tuvo responsabilidad en el Gobierno andaluz, apostara por la creación de una oficina para atender y conocer la realidad de los que se quedaban sin vivienda. En Córdoba, por ejemplo, según Cortés, se ha conseguido paralizar 136 desahucios de familias afectadas. Ahora, con objeto de seguir reforzando este trabajo, también se está firmando con muchos ayuntamientos andaluces un convenio de adhesión al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda.
El de Rute se ha sumado a este programa. Durante la firma del convenio estuvieron presentes, además del alcalde y la consejera, la delegada provincial de Fomento y Vivienda, el gerente provincial de EPSA, Francisco Javier Altamirano, el portavoz de IU y algunos concejales del equipo de Gobierno socialista. Precisamente éste fue el motivo por el que se trasladó hasta Rute, Elena Cortés. Para el alcalde Antonio Ruiz, se trata de “iniciativas que acercan la política a la ciudadanía”. El alcalde dijo que hay que hacer “una política útil”. Alabó la decisión de la Junta de luchar contra los desahucios, con un decreto ley que busca defender “un derecho fundamental, como es el de acceso a una vivienda”. Según Ruiz, se trata de dar respuestas a algo que tachó de “vergüenza social”. Por eso, calificó la medida de la Junta de “valiente, necesaria y totalmente constitucional”. Para este mismo viernes 12 está prevista la publicación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) del decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía de lucha contra los desahucios.
El nuevo decreto supondrá la expropiación a la banca de las casas de desahuciados en riesgo. También conlleva multas de nueve mil euros a promotoras, bancos o inmobiliarias si no venden u ocupan las viviendas construidas. Al mismo tiempo, habrá incentivos para que las personas que cuentan con más de una vivienda, a título individual, le den uso. En este sentido, Elena Cortés ha dejado claro que el acceso a la vivienda es “un derecho constitucional”. Según dijo, estamos en una situación “de emergencia social” y considera que los políticos tienen “la obligación de dar respuestas a las necesidades de la población”. Por eso, desde su consejería, en su momento se firmó y apoyó la Iniciativa Legislativa Popular, en la que se solicitaba la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social y la paralización inmediata de todos los desahucios, así como el cambio de la Ley Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil. Cortés espera que dicha ILP vea la luz esta semana en el Congreso de los Diputados.
La consejera ha ofrecido unos datos que entiende que deben hacer cambiar de política. Así, por ejemplo, el 20% de las viviendas en Andalucía están vacías. En España existe un 16,9 % de pisos y casas en alquiler, frente a una media europea que se sitúa en el 33%. Por otra parte, también afirma que hay stock de entre setecientos mil y un millón de pisos vacíos. Según Cortés, para hacer cumplir el derecho a la vivienda que tiene la ciudadanía “no es necesario seguir construyendo más y más viviendas”. Es suficiente con que se pongan en uso las ya existentes. Tal y como recordó, en la época del boom inmobiliario, en España se construyeron más de ochocientas mil viviendas al año, más viviendas que Inglaterra, Francia y Alemania juntas. Sin embargo, para Elena Cortés el derecho a la vivienda “no se ha asegurado, sino que se ha pisoteado”. La responsable de la Junta afirma que la vivienda se convirtió en un producto financiero, se especuló con ella. Respecto a que este decreto sea recurrido ante el Constitucional por el Gobierno de la nación, asegura que tiene “garantía jurídica plena como la luna llena”.
La consejera también se refirió en Rute a los daños que las lluvias han ocasionado en la carretera A-331, que han obligado a la consejería de Fomento a cerrar un tramo al tráfico. En este sentido, ha dicho que sobre este tramo se actuará con carácter de urgencia. Sin embargo, en relación a las inacabadas obras de la carretera de Rute a Encinas Reales, no se ha comprometido con nada. Ha querido ser clara y no ha dado ninguna fecha de reanudación. De momento ha dicho, “no está establecida”. Además, ha señalado que, dada la actual situación de crisis económica, las prioridades de la Junta pasan por “asegurar la sanidad, la educación, los servicios públicos y ahora este apoyo a los desahuciados”.
