El alcalde entiende que, aunque hay que facilitar el pago a los proveedores, el decreto supone “una asfixia” para ayuntamientos como el de Rute
El Ayuntamiento de Rute ha cumplido con el primer plazo fijado en el Real Decreto Ley 4/2012, dictado por el Gobierno Central, para presentar el listado de facturas de pago a proveedores. Los servicios de Intervención presentaron este jueves, 15 de marzo, día en que concluía el plazo, el listado de esas facturas. La deuda municipal por este concepto asciende a 2.714.244 euros. Esto constituye un montante de 2092 facturas presentadas en el período que va desde enero de 2008 hasta la actualidad. Pertenecen a un total de 272 proveedores, 129 con domicilio social en Rute. Además, se incluyen facturas endosadas, por un importe de 531.331 euros. De ellos, 422.628,11 corresponden a facturas de la empresa Elites Sport, que ha sido la encargada de la instalación del césped en el campo de fútbol del Estadio Municipal de Las Huertas.
De entrada, el alcalde Antonio Ruiz ha agradecido a los servicios de Intervención “el esfuerzo” que han realizado. Tal esfuerzo ha permitido que el Ayuntamiento de Rute cumpla con el primer plazo establecido por el decreto. Ruiz valora como positivo que se articulen medidas para el pago a proveedores, pero reprocha al gobierno del PP la forma de hacerlo. El regidor asegura que para un Ayuntamiento como el de Rute, “que está muy mal económicamente”, este el plan de ajuste le va a suponer “una asfixia”. Y es que el volumen de impagos es mucho más elevado que el contemplado en el decreto. El total de la deuda a proveedores ronda los cinco millones de euros.
En este sentido, hay que aclarar que, del listado exigido según el decreto, se excluyen las facturas relativas a compensaciones que se están tramitando actualmente, por un total de 4.811, 63 euros, y las obligaciones prescritas, que superan el millón de euros. También quedan fueran del listado las deudas que el Ayuntamiento tiene contraídas con otras administraciones (como Junta de Andalucía o Diputación) y con sus organismos dependientes, como la Agencia Andaluza del Agua, Eprinsa o Epremasa. Igual ocurre con las derivadas de contratos privados y los de carácter patrimonial. Todo esto supone un total de 2.067.020 euros.
Según ha informado el alcalde, el plan de ajuste tiene que prever el total de la deuda municipal. Eso puede suponer la externalización de determinados servicios, subidas de algunas tasas y ajustes de personal. Antonio Ruiz se ha manifestado en términos de prudencia, pues, pese a que será el interventor el encargado de presentar el plan de ajuste, se van a propiciar reuniones con el resto de grupos políticos para que las opiniones de unos y otros sean tenidas en cuenta “dentro de las posibilidades existentes”. No obstante, el alcalde considera que el decreto repercute en “una merma de los servicios públicos”, atenta contra la autonomía local y una vez más va a suponer el enriquecimiento de la banca: los proveedores irán a los bancos a cobrar las facturas que les debe el Ayuntamiento y éstos pagarán un 5% de interés por financiar dicha deuda.
