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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía celebraba a mediados de enero la vista del recurso presentado por la defensa del joven acusado de tirotear a una menor en Rute en septiembre de 2006. Como consecuencia de esos disparos, la joven quedó parapléjica y falleció tres años después. Con el recurso planteado por la defensa del presunto asesino, éste pretendía evitar ser juzgado por un tribunal del jurado. Según fuentes judiciales, en dicha vista las dos acusaciones particulares coincidieron con el fiscal en que el procedimiento “debe seguirse en base a la Ley del Jurado”. Ambas acusaciones, en representación del padre y de la madre de la joven, que ejercen los letrados Carmen Santiago y Mariano Garrido, respectivamente, se mostraron en contra, como plantea la defensa del acusado, de que se remita a la Audiencia Provincial de Córdoba como sumario. En cualquier caso, la Audiencia cordobesa tendrá que esperar a la resolución que sobre dicho recurso adopte ahora el TSJA.
Hasta el momento, ya se ha aplazado la vista oral en dos ocasiones. La primera fue a raíz del fallecimiento de la joven, a finales de agosto de 2009. El segundo señalamiento de vista oral, no ya por intento de homicidio o de asesinato sino por homicidio o asesinato, según las diversas calificaciones, lo había fijado la Audiencia Provincial de Córdoba como juicio con jurado para el pasado 2 de noviembre de 2010. En esta ocasión, la causa del segundo aplazamiento fue el citado recurso de la defensa del acusado. Éste cumplió en septiembre de 2010 el período máximo establecido de prisión preventiva de cuatro años. Por tal motivo, desde entonces se encuentra en libertad, con obligación de presentarse una vez por semana ante la Guardia Civil.
Las acusaciones particulares piden 20 años de cárcel para el procesado por un delito de asesinato, al igual que la fiscalía. Para su supuesto cómplice, quien le habría prestado el arma con el que presuntamente disparó a su exnovia, la representación de los padres solicita 15 años de cárcel. Además, el padre de la menor anunció en su día que también procedería contra la Junta de Andalucía. Cree que el Gobierno autonómico cometió una negligencia en la custodia de la chica, cuando ésta era menor y estaba bajo su tutela en el Centro de Protección de Menores de Rute.
