Si de algo tendríamos que enorgullecernos como sociedad es de aquellos que con sus acciones consiguen que avancemos y seamos cada vez más justos e iguales, no solo en derechos, sino también en deberes. Hay que recordar que la Constitución Española dice en su Artículo 31.1. “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Se entiende aquí que cada uno debe aportar según sus posibilidades, y recibir según sus necesidades. No es revolución bolivariana ni de bolcheviques en el poder, es una norma VOTADA POR TODOS LOS ESPAÑOLES. Y es que el Estado del Bienestar depende de que la riqueza se reparta de forma que los territorios más pobres no terminen en la miseria y los más ricos en la opulencia. Es un principio básico que permite a un país alcanzar la cohesión territorial y el progreso conjunto de todos sus ciudadanos. Si partimos de este artículo, ser CONSTITUCIONALISTA es defender que los impuestos sean progresivos, que los ricos aporten más, dado que tienen más, y no al contrario, defender que los impuestos a los ricos se rebajen, ya que entonces se resiente la inversión pública en educación, sanidad, pensiones e investigación, perjudicando directamente a la mayoría social que recibe las prestaciones reguladas precisamente en la Constitución como derechos fundamentales. El juego sucio de expertos en la artimaña y la patraña, como Isabel Díaz Ayuso, hacen mucho daño a los principios rectores que toda sociedad democrática debería velar con especial vehemencia, castigando a quienes desde el poder quieren favorecer a minorías a costa de los derechos de la gran mayoría social. Recordemos que la soberanía reside en el pueblo español. En la mayoría social que, inexplicablemente, es seducida por la barbarie, la falta de educación en una Presidenta madrileña que usa el insulto y la descalificación personal cuando no tiene argumentos para rebatir su nefasta gestión política y que, además, se mimetiza con la ultraderecha en un afán de rascar más votos en los siempre sórdidos principios de la desigualdad, el odio, el racismo y la discriminación, valores justamente contrarios a los valores católicos que tanto defienden en otras cuestiones pero que olvidan rápidamente cuando de dinero se trata. Decía Ramón María del Valle-Inclán en “Luces de Bohemia”: “En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo”. Lo peor es que el premio, el voto de los ciudadanos, también lo hace, elevando al poder a quienes dieron órdenes de no atender a ancianos con COVID, a quienes ocultan su participación en sociedades en sus declaraciones de bienes (Ayuso de nuevo), a quienes roban a manos llenas pero no son capaces de ver un coche de alta gama en su garaje, ni de discernir siquiera que M. Rajoy es M. Rajoy. Será otro señor pero no ese del que usted me habla. El problema reside en que hemos caído en el juego sucio de la extrema derecha, con candidatas descaradas que buscan ruido, palabrería barata e insultos como única propuesta y que la sociedad, expectante y deseosa de circos mediáticos, no termina de darse cuenta de que si son esos los valores que terminan gobernando, antes o después llegará el turno de cortar las barbas a quienes solamente veían al vecino ser afeitado. Si no despertamos ahora, probablemente terminemos viviendo en una pesadilla que ha sido alimentada por la desafección de las clases medias de la política, y aprovechada astutamente por lobos con piel de cordero. Ándense con ojo, y cuidado con lo que votan. Antes o después, si no recapacitan, terminarán siendo afeitados. No premien lo malo, España debe aprender a valorar lo bueno que tenemos, nuestra Constitución, y aplicarla, pero bien, no tergiversándola como quieren otros.
¡DESTACAMOS!
