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Aseguran que la nueva empresa beneficiaria incumple el convenio con la Junta, tanto para mantener al personal como en la calidad del servicio de ambulancias
Trabajadores del transporte sanitario explican la situación contractual con la nueva empresa
La situación actual del transporte sanitario en Córdoba se remonta a 2021, cuando la Junta sacó a licitación el nuevo convenio para gestionar este servicio. La Delegación de Salud lo adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en detrimento de saliente, donde estaban, entre otras, la empresa Transportes Sanitarios del Sur de Córdoba, con sede en Cabra. Uno de sus trabajadores, Sebastián Reina, subraya que las continuas denuncias han retrasado la entrada en vigor del nuevo contrato. Sin embargo, desde que las nuevas ambulancias circulan por la provincia, la situación no ha mejorado, ni en los recursos materiales (vehículos) ni en los humanos (personal).
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Entre los cuatrocientos profesionales que conforman el sector en la provincia, hay diez personas de Rute. Una de ellas, Gema Tejero, menciona que la adjudicataria actual prometió una renovación de la flota, de modo que ninguna ambulancia tendría más de cinco años de antigüedad. La realidad, en cambio, es que algunos vehículos tienen más de diez años. Su compañero va más lejos y asegura que hay vehículos “rematriculados” que datan de 2014 y están a punto de cumplir ese decenio de vida útil. Otro técnico de emergencias sanitarias (TES) afectado, Antonio Ochoa, recuerda que las exigencias para una ambulancia son mayores que las de un vehículo particular.
No obstante, aunque les parezca grave el estado de los vehículos y el incumplimiento del contrato, lo que más les afecta es la situación laboral. Según Gema Tejero, eran conscientes de que, con la nueva empresa, la logística cambiaría. Aun así, el convenio firmado con salud garantizaba la subrogación de los contratos, es decir, que se mantuviera “el cien por cien” de los puestos de trabajo “con las mismas condiciones”. Pero desde primera hora no se ha respetado ese punto.
Su hermana Pilar expone la situación de las personas de Rute afectadas. Un trabajador no ha sido subrogado y a tres se les ha dado una semana de vacaciones nada más firmar el nuevo contrato sin más explicaciones y sin saber cuál será su nuevo destino. Por si fuera poco, no ven razón de ser para esas vacaciones “extra”, cuando ya habían agotado el mes que les corresponde. El temor general, sentencia Gema, es que a todo ese personal con “vacaciones extra” les espere un “despido colectivo” a su término. La mayoría de las que se han visto en esta tesitura son mujeres, de manera que, añade Pilar, “se estaría incumpliendo el plan de igualdad”. En todos los casos, concluyen, el criterio para subrogar, no subrogar o dar vacaciones brilla por su ausencia.
La no subrogación afecta a unas setenta personas en la provincia, según Sebastián Reina, casi la cuarta parte. Él es uno de los que no ha firmado el nuevo contrato. A otro compañero, Juan Molina, sí se lo ofreció la empresa. Fue él quien se negó a firmarlo porque entiende que la profesión de TES tiene algo de vocacional “para ayudar a personas que lo necesitan”, algo que choca con las condiciones de la nueva empresa, que no da “facilidades” para desarrollar esa labor “con calidad”. Asegura que las deficiencias que se están dando no son atribuibles a sus compañeros, sino a la mala gestión de la empresa, “que no ha jugado limpio”.
Los cinco trabajadores, todos TES, aunque las dos ruteñas estaban hasta ahora en oficinas como jefas de tráfico, entienden que este incumplimiento es denunciable, más aún cuando, como apunta Gema Tejero, se ha contratado a gente de fuera, aunque en un número inferior. Por ello, el personal afectado se ha puesto en manos de abogados. Las movilizaciones no acaban ahí. En los días previos han mantenido reuniones con el alcalde de Cabra, Fernando Priego, que les ha mostrado su apoyo, y con grupos de esta localidad y otras como Lucena. No han recibido el mismo respaldo, lamenta Pilar, de los sindicatos. Al contrario, no sólo no les han ayudado, sino que, según apostilla Sebastián Reina, son “cómplices” de la empresa.
Junto a los contactos institucionales, han empezado a recoger firmas de apoyo y han convocado una concentración ante el hospital Infanta Margarita de Cabra para este viernes. De quien sí conocen ya su opinión es de la delegada de Salud, María Jesús Botella. El pasado lunes 19 la Delegación remitía un comunicado en el que negaba incidencias significativas. Pero ahora ha manifestado a la Cadena SER en Córdoba que el órgano de contratación del Servicio Andaluz de Salud ha pedido a la nueva adjudicataria los listados de trabajadores subrogados para “compararlos” con la plantilla de la anterior empresa. Botella ha confirmado que el contrato “incluía la obligación expresa de la subrogación de la plantilla”. De ahí que advierta que, si se detectan incumplimientos de este tipo, el mismo órgano actuará “conforme a lo que marca la norma”, ya que el objetivo es “la correcta prestación del servicio y que se respeten los derechos de los trabajadores”.
