Los deseos para 2023

Algo rutinario para final de año es pedir al año siguiente los deseos que queremos que se
cumplan. No deja de ser una utopía, pues el destino es quien hará su trabajo,
independientemente de nuestros anhelos. Pero sí que es cierto también que cuando se trata de
leyes, no es el destino, sino la Administración y los partidos políticos quienes tienen la obligación
de cumplirlas. Así que para 2023 nos gustaría pedir, por ejemplo, que las administraciones
públicas cumpliesen con la obligación de contar con hasta el 2% de personal con discapacidad
intelectual entre sus empleados públicos, cuota que dista mucho de alcanzarse (0,08 % actual) y
que permitiría la inclusión real de muchas personas que ven dificultado su acceso al mercado
laboral. También que se cumpliese con la ley 6/2022 que regula la accesibilidad cognitiva,
condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y
participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones, ya que los obstáculos a los que
se enfrentan son fácilmente superados cuando se dispone de las herramientas que dicha ley
establece y que a día de hoy no se cumplen. Nos gustaría exigir también que se cumpliese con la
Constitución en sus artículos 35 (“Derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia”, por lo que establecer un salario mínimo
interprofesional digno no es más que cumplir el mandato de la Constitución, y algunos partidos
autodenominados constitucionalistas se oponen), 43 (Protección de la salud, con medidas
preventivas y prestaciones y servicios necesarios, y no desmantelando la sanidad pública para
favorecer a la privada, como están llevando a cabo también los autodenominados
constitucionalistas), 50 (Pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, por lo que no se
pueden congelar las pensiones o subirlas solamente 0,25%, como hizo algún partido
autodenominado constitucionalista), 122 (Renovación del CGPJ, y no al boicoteo de su
renovación con excusas peregrinas como hace el PP, el autodenominado constitucionalista, solo
para sus intereses partidistas). Como vemos, es fácil acordarse de aquel refrán que dice “Dime
de qué presumes y te diré de lo que careces” cuando vemos al PP en los medios de
comunicación dándose golpes de pecho ante lo que ellos consideran un atropello y no deja de
ser el normal desarrollo de una sesión parlamentaria donde las mayorías que han salido de las
urnas, y son totalmente legítimas, son las que dirimen los estropicios que un tal M. Rajoy tuvo la
osadía de recrudecer con el rodillo del único artículo que cumplieron de la Constitución, el 155.
De los otros, ya si acaso otro día los estudiarán. En Democracia, y tal como dice la Constitución,
el poder emana del pueblo, que cada cuatro años dictamina en las urnas el rumbo de las políticas
que quiere seguir. El problema de la derecha española es no saber aceptar la derrota electoral y
querer seguir mandando a través de los órganos judiciales caducados que no representan a la
mayoría social de este país, sino a los intereses partidistas que para nada son legítimos si no han
sido refrendados en las urnas. Ser un partido mayoritario no significa ser mayoría, pero ellos se
erigen en esa postura con tonos para nada demócratas, criticando los pasos que se dan en favor
de la convivencia de este país, cuando ellos, con Aznar calificando a ETA como el Movimiento
Vasco de Liberación cuando aún mataba en las calles, no recibieron los ataques feroces de la
oposición, que entendía necesario trabajar en pro de la mejora de la convivencia entre todos los
españoles. Esa es la diferencia crucial entre ser una oposición leal al interés general o ser unos
verdaderos antisistema autodenominados constitucionalistas.

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