El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso presentado por la familia Rovira por la presunta estafa de una promotora a sus padres

  • Según Pascual Rovira el hecho de que haya admitido el recurso de casación les da esperanza para que se haga justicia con sus padres que murieron sin recibir su casa.

El recurso de casación presentado por el abogado de la familia Rovira ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo

  Entrevista a Pascual rovira

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado contra la absolución de las nueve personas pertenecientes a una promotora inmobiliaria que supuestamente habían estafado a un matrimonio de Rute. La Audiencia Provincial de Córdoba absolvió, en la sentencia dictada el 10 de julio de 2024, a las nueve personas que fueron acusadas presuntamente de estafar a Juan Rovira Casañer y a su esposa María García Sarmiento, entonces con 75 y 71 años de edad. El tribunal consideró que durante el juicio no quedó probado que hubiera intención de engañar por parte de los acusados.

Los hechos se remontan a los años 2007 y 2008 cuando el matrimonio permutó su casa y un local comercial por un piso, otro local comercial y una plaza de aparcamiento. El matrimonio vendía y recibiría sus inmuebles libres de cargas y de todo tipo de gravámenes. Sin embargo, las obras de la promoción no concluyeron, se ejecutaron hasta un 95 %, y el matrimonio de ancianos se quedó sin casa. Por eso, en 2013, la pareja de ancianos decidió demandar a la promotora inmobiliaria.

Desde que comenzó el proceso judicial han pasado 12 años y los miembros de la pareja han fallecido. En todo este tiempo la familia Rovira no ha dejado de luchar por lo que consideran “una injusticia y una estafa”. Uno de sus hijos, Pascual Rovira, afirma sus padres han sido “víctimas de engaños e irregularidades” en la época del “boom inmobiliario”. Asegura que “se le prometió explícita, y reiteradamente, que la permuta se hacía sin ningún tipo de cargas o gravámenes”. Según ha relatado, sus padres recibieron de su asesora, doce días antes de firmar la escritura de permuta, un borrador en el que todo esto estaba reflejado.

Finalmente, en la escritura pública firmada, ante notario, entre las partes implicadas (el matrimonio y los representantes de la promotora) se hizo constar que los inmuebles se adquirían libres de toda carga y gravámenes. Sin embargo, es en ese momento cuando los inmuebles aparecen descritos con una carga hipotecaria que se mantendría mientras durase la construcción. Pascual Rovira asegura que “sus padres no eran conocedores de este extremo”. Afirma que “el cambio introducido en el contrato final no se había comunicado ni a ellos ni a su asesora fiscal”.

Por todo ello, los hijos de la familia Rovira no están conformes con la sentencia de la Audiencia Provincial y han instado a su abogado a presentar el recurso de casación. Por ahora, se sienten “dolidos” por “el calvario que sufrieron sus padres”. Según Rovira “nunca debieron nada a nadie y jamás hicieron ningún tipo de inversión”. Tanto él como sus hermanos y hermanas están “cada vez más cabreados” por un proceso que se prolonga desde más de una década. No ocultan que se sienten “indefensos e indignados” por todo lo que están pasando. Ahora, según Rovira, el hecho de que el recurso haya sido admitido a trámite les ofrece “esperanza” y confían en que “se haga justicia”.

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