El senador popular Jesús Aguirre asegura en Rute que lo que pretende el Gobierno central es “adelgazar la administración” en materia de Sanidad

Aguirre entiende que las medidas en Sanidad no  deben afectar a los trabajadores y que el copago sanitario del PP es más justo

Aguirre entiende que las medidas en Sanidad no deben afectar a los trabajadores y que el copago sanitario del PP es más justo

Hasta Rute se ha desplazado el senador popular por Córdoba y portavoz de Sanidad en el Senado, Jesús Aguirre, para detallar las medidas del Gobierno central en esta materia. De entrada, distingue entre recortes y reformas. Entiende que los recortes son “medidas coyunturales”. En cambio, las reformas miran “a largo plazo”. Y sostiene que eso es lo que está haciendo su partido. Por el contrario, critica que las actuaciones de la Junta son “pan para hoy y hambre para mañana”. Ha dicho que en Sanidad el país tenía “un agujero” de dieciséis mil millones de euros, con una situación de “inequidad” entre comunidades. Frente a eso, el PP “ha cogido el toro por los cuernos, pese a que la Sanidad está transferida a las comunidades”.  Apuesta por un solo modelo sanitario, basado en “adelgazar la administración”. Así, afirma que en Andalucía hay 4200 cargos de libre designación, de los que trescientos están en Córdoba. En su opinión, hay “más timoneles que remeros”. Por este motivo, defiende la supresión de empresas y entidades públicas que han conducido al “hipergasto, con entramados no rentables”. Sin embargo, cree que la Junta no ha tenido “proporcionalidad” en sus recortes. Sostiene que se está actuando “contra los trabajadores, salvo a los cargos de libre designación”. Con esa política, vaticina que aumentarán las listas de espera. De ahí que apueste por medidas que reduzcan “al menos a la mitad” esos cargos de libre designación.

En su repaso a la Sanidad, establece otra diferencia entre el copago asistencial y el farmacéutico. Asegura que su partido se negó al primero, mientras que políticos socialistas como Trinidad Jiménez o Ramón Jáuregui “lo promulgaron”. Según Aguirre, el PP apuesta por “la redistribución del copago sanitario que había”. En su opinión, eso es una muestra de “justicia social”. No va a haber, pues, “mayor capacidad de captación de recursos por parte de las administraciones”, sino que se va a “reequilibrar”. De esta forma, insiste en que los parados de larga duración o quienes perciben pensiones no contributivas “no van a pagar nada”. Y el resto se pagará en función de la renta o la patología. El senador ha señalado que España es el segundo país que más gasta en medicamentos en proporción, por detrás de Estados Unidos. Las 2700 toneladas que se queman al año en medicamentos suponen un gasto de mil millones de euros.

Con estas reformas, entiende que el gasto en farmacia no bajará porque aumente la recaudación, “sino por la sensibilización”. Otro aspecto que considera interesante es la eliminación de la receta de papel, sustituido por la tarjeta telemática. En este mismo contexto, también se ha referido a los 426 medicamentos que a partir del 1 de agosto dejan de estar subvencionados. Aguirre ha recordado que en el vademécum español hay unos veinte mil medicamentos, de los que quince mil tienen prescripción. Según el senador, lo único que se hace es retirar aquellos que están “obsoletos” o son para síntomas menores. De hecho, asegura que esos 426 son los de “menor valor intrínseco, que en Europa se dispensan por mostrador”.

Aunque el tema sanitario ha sido el principal motivo de su visita a Rute, ha querido dar “unas pinceladas” sobre la situación de la agricultura, en especial el olivar. Para el senador, no es sostenible que se esté vendiendo por debajo de los costes de producción. Actualmente, se paga por un litro de aceite entre 1,75 y 1,80 euros, mientras que el kilo de aceituna se va a los 2,42. Hay que “normalizar” los precios del aceite, que son los de hace diez años. Para ello, propone el almacenamiento privado, es decir, la retirada temporal de ciertas cantidades, y a medio plazo elevar el tope de exportación. Ese tope se encuentra en ochocientas cinco mil toneladas y el objetivo del Gobierno es llegar al millón. Aguirre también avala la idea de una “ley de cadena alimentaria”, para que no haya tanta diferencia entre el precio que se paga el productor y el de venta final. No cree que sea por los intermediarios sino porque sector está “muy atomizado”. Mientras más atomizado siga “más bajo será el precio”. Como solución, hay que concentrar la venta, “sobre todo al por mayor”. Según el senador, la distribución la deciden cuatro o cinco grandes superficies, “que ponen los precios”. Lo cierto es que los productores sólo sobreviven de momento con las subvenciones europeas. En este sentido, está seguro de que el ministro de Agricultura seguirá garantizándolas. Arias Cañete pasa la mayor parte del tiempo en Bruselas, que es “donde se corta el bacalao” en esta materia.

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