El sector de transportistas de Rute ve insuficiente el acuerdo del Gobierno

  • Creen que la rebaja de 20 céntimos por litro y las ayudas de más de mil millones de euros sólo garantizan una salida a la situación hasta el mes de junio

Representantes del sector que se han desplazado desde Rute para la manifestación convocada en Madrid

María José Granados valora el acuerdo para rebajar los costes de los carburantes

Hacia las dos y media de la madrugada del jueves 24 al viernes 25, el Gobierno de España y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) alcanzaban un acuerdo para paliar la subida del gasóleo. Al cabo de más de doce horas de reunión, se ponía fin así a los paros de las dos últimas semanas. El pacto incluye una rebaja de 20 céntimos de euro por litro de combustible hasta el 30 de junio, si bien puede ser prorrogable. Además, se ha consensuado con las asociaciones que integran dicho comité una serie de ayudas que, junto a la mencionada bonificación, implican medidas por valor de 1050 millones de euros.

No obstante, el acuerdo no satisface a la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante original de estos paros y que no forma parte del mencionado comité. De hecho, la huelga sigue sin anularse por parte de esta plataforma y, horas después de la firma, tenía lugar la manifestación convocada previamente en Madrid. Hasta la capital de España se había desplazado desde Rute un autobús con trabajadores del sector. En él iban empleados de las empresas Bañerut y Áridos El Campillo, junto a otros autónomos.

Según María José Granados, representante de Bañerut, es “insuficiente” el acuerdo alcanzado por el CNTC. Cree que sólo supone una solución parcial, ya que las medidas se prolongan sólo hasta junio. Lo que pueda ocurrir después sigue siendo una incógnita. Granados entiende que esa rebaja de 20 céntimos por litro poco arregla cuando los precios se han duplicado en los últimos meses. No obstante, admite que habrá que volver al trabajo, aunque sea con unos márgenes mínimos. Lo contrario, asegura, supondría proceder al “cierre de empresas”, con lo que implica de afrontar despidos y poner en un riesgo mayor la situación de muchas familias.

 

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