Rodríguez ha explicado los “motivos” que han llevado a convocar este paro
Hasta Rute se ha desplazado el secretario provincial de Comisiones Obreras, Rafael Rodríguez. Su visita responde a la campaña informativa desplegada por los sindicatos de cara a la huelga general convocada para el 29 de septiembre. Rodríguez ha explicado los “motivos” que han llevado a convocar este paro. Por un lado, se ha referido al plan de ajuste del Gobierno, que contempla recortes de quince mil millones de euros en políticas sociales y de seis mil millones en inversiones. También ha abordado la reforma laboral que han aprobado el consejo de Gobierno y el Parlamento “únicamente con los votos a favor del PSOE”. Rodríguez entiende que el plan de ajuste es “injusto, desequilibrado y antieconómico”. Además, cree que “quiebra el diálogo social y amenaza la negociación colectiva”.
En su opinión, es injusto porque congela las pensiones, “lo que va a percibir uno de los sectores más débiles de población”. Como dato, ha recordado que la pensión media en Córdoba “no supera los 700 euros mensuales”. También recorta los derechos de las personas dependientes y los salarios del sector público. Esto supone una doble injusticia, porque más del 65% de estas personas tienen ingresos inferiores a mil euros, y porque se ha lanzado un mensaje “muy peligroso”: relacionar la estabilidad laboral con un privilegio, “cuando el trabajo es un derecho reconocido en la Constitución”. En cualquier caso, más del 30% de las personas que trabajan en el sector público tienen contratos eventuales.
Por otra parte, lo considera desequilibrado porque se dirige sólo al recorte de los gastos “y no al incremento de los ingresos del Estado”. Rodríguez ha acusado a los dos partidos mayoritarios de hacer políticas “pro cíclicas, es decir, han reducido los impuestos cuando la economía iba bien y ahora no los suben para no constreñir la actividad”. Desde Comisiones apuestan por recuperar impuestos como el de Sucesiones o el de Patrimonio.
Pero donde más hincapié ha hecho es en intervenir sobre los bancos, “los causantes de esto”, y sobre todo abordar la economía sumergida y el fraude. Remitiéndose a datos de técnicos de Hacienda, se calcula que en Córdoba hay un 26% del P.I.B. en economía sumergida. Si se abordara este problema, el Estado generaría unos ingresos adicionales de treinta y ocho mil millones de euros. Con esto, no haría falta este plan de ajuste.
Hay otras cuestiones que el Gobierno debería acometer “y que preocupan a la mayoría de las empresas”. Un 85% del empresariado en España corresponde a Pymes. Lo que les preocupa es “la financiación de su actividad productiva, y sin embargo no están obteniendo créditos”. Según el secretario provincial, a las Pymes los bancos no les admiten “ni los avales de la Junta de Andalucía”. En cambio, lo que hace el Gobierno es “dar satisfacción a los mercados”. Para Rodríguez, no es débil nuestra economía “sino nuestro sistema productivo”. En su opinión, ese sistema tiene “pies de barro, con una construcción bestial”.
Rafael Rodríguez sostiene que la reforma laboral no va a crear empleo a corto plazo. Pero sí tiene claro que los trabajadores van a perder “de inmediato”. De entrada, se incrementan los contratos precarios y se amplía el período del contrato de obra o servicio. Por otra parte, ha alertado sobre cuestiones “muy peligrosas” como llevar a las Empresas de Trabajo Temporal dentro de la Administración pública. Al entrar las ETT’s en el proceso de contratación, es “imposible” que se cumplan los cuatro requisitos que el sindicato contempla en su normativa para trabajar en la Administración: publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Rodríguez ya advierte algunas consecuencias. Sospecha que la patronal privada está siguiendo “la misma línea” que el Gobierno, “está bloqueando la negociación colectiva o no está cumpliendo con los convenios colectivos que tiene firmados”. En suma, piensa que estamos ante una reforma laboral “que viene a dar más poder a los empresarios para despedir”. Con todas estas medidas el Gobierno está generando “una sensación de inseguridad”.
El secretario provincial ha insistido en que no se puede hacer un uso “alegre y desproporcionado” de un arma como la huelga. Por este motivo, ha reiterado que los sindicatos han seguido las directrices que se marcaron para convocar el paro “cuando se lesionaran los derechos de los trabajadores”. Una vez tomada la decisión, han considerado conveniente informar primero de las causas. Con esta perspectiva, está convencido de que la huelga del 29 de septiembre “será útil”. Se basa en los precedentes. Cuando se han celebrado otras huelgas “los gobiernos han tenido que dar marcha atrás”.
