El punto de refinanciación de la deuda fue el más debatido de este pleno ordinario
El punto más destacado de la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, celebrada en el Ayuntamiento de Rute, fue el referido a la operación de refinanciación de los préstamos a largo plazo, vigentes con la Caja Rural de Córdoba. En la actualidad el importe de la deuda que tiene el Ayuntamiento de Rute con los bancos asciende a 9,3 millones de euros. De ahí, 2,7 son los que se han previsto quitar con el Plan de Ajuste fijado por el Gobierno para hacer frente al pago de facturas a proveedores, quedando otros 6,6 millones de deuda. En concreto, la operación de refinanciación que se planteó en el pleno, con cuatro años de carencia, era para hacer frente a 4,2 millones de euros de ese restante. Sin embargo el punto que requería mayoría absoluta para su aprobación, no salió adelante. El grupo de IU se abstuvo. Condicionaron su voto a que la carencia fuese de un año y no de cuatro. Los populares votaron en contra, al entender que con esta decisión hipotecan el Gobierno municipal futuro. Consideran que esto se tenía que haber previsto en los presupuestos municipales, primero, y con el plan de ajuste, posteriormente. Pues, según argumentaron la refinanciación supone un aumento de costes de unos 92.000 euros más al año.
El alcalde Antonio Ruiz expuso que todos los despidos, ajustes de plantilla y cesión de servicios a otras empresas públicas o privadas, se han realizado con el objetivo de pagar los 2,7 millones de euros de facturas que se deben a proveedores. Y ahora lo que se pretende es refinanciar parte del 6,6 restante, en concreto 4,2 millones de euros. Según Ruiz, hacer frente a toda esa deuda de un golpe es “muy complicado, casi misión imposible”. Máxime cuando la situación se ha visto agravada por tener que hacer frente a un préstamo que solicitó el anterior alcalde, Francisco Javier Altamirano, en noviembre de 2010. Su importe era de 2.950.000 euros, con un plazo de amortización de 12 años y dos de carencia. Este préstamo se concertó pese al informe negativo del interventor. Entonces, el técnico puso de manifiesto la prohibición de concertar nuevas operaciones de préstamo a largo plazo, señalando que no se podía certificar la existencia de crédito suficiente para el pago de la comisión de apertura ni de los intereses.
Asimismo, manifestó que se requería el voto favorable de la mayoría absoluta del pleno Lo curioso es que Francisco Javier Altamirano solicitó ese préstamo, sin que el punto pasase por pleno, pese a que en esos momentos IU contaba con mayoría absoluta. El actual regidor ha informado de que este asunto se encuentra denunciado ante la Fiscalía. Por todo ello, Antonio Ruiz no entiende cómo el anterior Gobierno pudo “solicitar préstamos ilegales, sin consultar con nadie y saltándose la ley”. Y ahora, “cuando se plantea cómo pagar sus préstamos, se niegan”. José Macías, de IU, no quiso echar en el fondo de esta cuestión y dijo que, si el asunto está en la Fiscalía, “será esta la que tenga que pronunciarse al respecto”.
Sin embargo, durante el pleno el portavoz de IU aprovechó para hacer balance de la gestión socialista en sus primeros once meses de Gobierno. Comenzó hablando de la plantilla. Macías se quejó de que a día de hoy el personal del Ayuntamiento, pese a los ajustes realizados y los ahorros anunciados, no haya cobrado. Según el alcalde, es debido a que en febrero la Diputación no ha realizado el habitual 80% del adelanto de las aportaciones municipales. Parece que ese adelanto podría estar completo a finales de este mes. También Macías dijo que no comprendía los retrasos que está sufriendo la aprobación del PGOU. Entre otras cuestiones, Antonio Ruiz respondió que es debido al hecho de que la comisión provincial de Urbanismo desconocía la propuesta del Eco- Parque, la solución aportada en su día para dar salida la zona de Las Pozas. También José Macías se refirió al incremento de la inseguridad ciudadana, recordándole al alcalde su demanda cuando estaba en la oposición de que la Policía Local estuviese abierta las 24 horas. Por último, mencionó la incorrecta aplicación de la ordenanza del mercadillo municipal y exigió que se depuren responsabilidades.
Por su parte, otra concejala de IU, Magdalena Baena, se interesó por los recortes de la Escuela de Música, solicitando que no recaigan exclusivamente en la Dirección. Considera que con el plan de ajuste lo que se buscaba era reducir costes en este servicio. Lo contrario podría interpretarse como “una persecución a la directora”. En este aspecto, la actual concejala de Cultura, Belén Ramos, ha dicho que cuando asumió su cargo se interesó por la escuela y ni tan siquiera había un reglamento interno del funcionamiento. De hecho, asegura que con lo que se encontró fue con un reparto de horarios entre el profesorado que no era equitativo. En relación al convenio firmado con la Diputación para la gestión de la basura a través de Epremasa, Magdalena Baena expresó su voto favorable. Eso sí, siempre y cuando se concreten las condiciones en las que quedan los trabajadores que pasan del Ayuntamiento a la empresa pública provincial y se asegure que son, como mínimo, las mismas, así como el retorno de estos trabajadores si la empresa adjudicataria es otra y quiebra.
