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La reorganización del sistema judicial que contempla el Real Decreto supone una pérdida de competencias para el partido judicial de Lucena

El Colegio de Abogados de Lucena ha manifestado públicamente su rotundo rechazo al Real Decreto 422/2025, dictado por el gobierno de España, y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el pasado día 4 de junio. La nueva normativa supone una reestructuración notable de la estructura del sistema judicial en materia de violencia de género. Con su entrada en vigor, a partir del 31 de diciembre del presente año, los asuntos que actualmente se tramitan en el juzgado de Lucena pasan a ser competencia exclusiva del Tribunal de Instancia de Córdoba.
El partido judicial de Lucena atiende las localidades de Lucena, Rute, Encinas Reales, Benamejí, Palenciana e Iznájar. La nueva norma supone la centralización de estos asuntos en la capital y una pérdida de competencias del partido Judicial de Lucena. Para un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, María Jesús Arcos, esta decisión va en contra de la finalidad reflejada en el Real Decreto, en el que consta que se busca “una proximidad razonable del órgano judicial respecto a la víctima y mejorar la atención a las misma”.
Sin embargo, a juicio de María Jesús Arcos, que también es la presidenta del turno de oficio del Colegio de Abobados, que cuenta específicamente con una sección de violencia de género, “no se cumple con la finalidad del Real Decreto que se ha publicado”. Asegura que lo que realmente va a ocurrir es que “las víctimas, al día siguiente de poner la denuncia, deberán “desplazarse para tratar su asunto cien o ciento cincuenta kilómetros”.
Además, apunta Arcos, todas las diligencias derivadas de ese procedimiento (tramitación de divorcio, medidas paterno filiales o las derivadas del pago de pensión) también se llevarán a cabo en Córdoba, y no en Lucena como hasta ahora. Por todo ello, María Jesús Arcos califica de “absurdo” las implicaciones del Real Decreto y no entiende “cómo se restan competencias al partido judicial de Lucena después de construir una Ciudad de la Justica en esta localidad que supuso una inversión de 9 millones de euros”.
Para el Colegio de Abogados de Lucena el Real Decreto supone una pérdida para las víctimas de violencia de género y menoscaba el desempeño profesional de quienes ejerce la abogacía. Asimismo, lamentan en el comunicado que han emitido que la tramitación del Real Decreto se haya llevado a cabo “prescindiendo de consulta y de audiencia e información pública”.
El Real Decreto también afecta a los partidos judiciales de Pozoblanco o Cabra. En este sentido, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha manifestado a Diario Córdoba que la nueva sección de violencia de género que se prevé crear en la capital va a suponer “problemas” ya que asumirá desde el partido judicial de Córdoba los asuntos de municipios distantes como Pozoblanco, Cabra y Lucena.
Finalmente, en Rute, la presidenta de la Asociación de Mujeres “Horizonte” Purificación Cobos también se ha manifestado. Cobos califica de “catástrofe” lo que va a ocurrir con las mujeres víctimas de violencia machista. Considera que “se va a perjudicar de manera notable a las mujeres de los núcleos rurales”. Además afirma que “se está produciendo un retroceso total en materia de política contra la violencia de género”. Para la presidenta de Horizonte es fundamental que el partido judicial de Lucena mantenga sus competencias.






