-
El alcalde de Rute defiende que, como la administración más cercana, cuentan con la experiencia de conocer las necesidades más perentorias de la ciudadanía
Poco antes del pleno ordinario de noviembre se conocía el nombramiento de Antonio Ruiz como vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). El alcalde de Rute y presidente de la Diputación de Córdoba sustituye a su hasta ahora homólogo en la institución provincial onubense, Ignacio Caraballo. Tras la sesión, Ruiz se mostraba contento con una designación que no supone ninguna remuneración y es, por tanto, compatible con los dos cargos institucionales que ostenta. Su convicción en el municipalismo le lleva a sentenciar que cualquier representante público debería pasar alguna vez por el ayuntamiento de su localidad.
- Junto a la crisis actual, cree que los retos pendientes del municipalismo son la financiación y combatir el despoblamiento
Por todo ello, confiesa que afronta esta etapa “con responsabilidad, pero también con ilusión”. No obstante, es consciente de que nombramiento llega en un momento complicado para los consistorios. En plena crisis sanitaria y económica, han sido de nuevo “la primera trinchera, esa primera puerta a la que llama toda la ciudadanía”. De ahí que tanto él como el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, reclamen que se reconozca el papel de ayuntamientos y diputaciones, como las administraciones más cercanas, para “la reconstrucción social”.
Cree “absolutamente necesario” aprovechar esa cercanía y “la experiencia a la hora de afrontar situaciones complicadas”. Ello les ha llevado durante la pandemia a asumir competencias ajenas como la desinfección de las vías públicas o los colegios. Esa experienciaes extrapolable a la gestión de recursos. Por ello, ha adelantado que desde la FAMP están en conversaciones con la Junta para que los fondos europeos de ayuda económica se gestionen a través de los ayuntamientos y las diputaciones.
Junto a la crisis, lamenta que la financiación municipal sea “el eterno debate postergado”. Confiesa que la legislación ha sido “muy estricta e injusta”, e incluso “vulneraba la autonomía local” en cuestiones como la prohibición de utilizar los remanentes positivos. Otro de los retos pendientes es combatir el despoblamiento. Asegura que desde el municipalismo se ha analizado el problema y se sabe “dónde actuar”para fijar a la población. En este sentido, sostiene que las medidas no sólo deben pasar por el empleo sino por unas infraestructuras y unos servicios públicos de calidad.
