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Lamentan que se siga pagando un canon para sufragar unas obras que deberían estar terminadas desde 2015
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La Junta incumple una normativa europea y además expone a los municipios a ser multados
Desde el año 2011 la Junta de Andalucía obliga a los ayuntamientos a través de la Hacienda Local, a computar en los recibos de consumo de agua un canon, de cuota fija y variable. El objetivo de este canon era sufragar unos gastos destinados a la construcción de infraestructuras hidráulicas y cumplir así con una normativa europea tendente a que hubiese “vertidos cero” en 2015. Sin embargo, los representantes del PP aseguran que aún son muchos los municipios de Andalucía que no cuentan con un sistema de depuración de aguas residuales. Uno de ellos es Rute. De ahí que el parlamentario andaluz Adolfo Molina, junto a la diputada provincial y concejala Carmen María Arcos, y su compañero de filas en el Ayuntamiento de Rute Rafael García, hayan comparecido ante los medios de comunicación locales para denunciar estos hechos.
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Según ha explicado Adolfo Molina, estamos hablando de un canon extra “de carácter finalista”. Es decir, son unas cantidades que se cobran a los vecinos exclusivamente para poder costear la construcción de estas infraestructuras. Por tanto, espera que cuando las obras se hayan ejecutado el canon desaparezca. Mientras, asegura que el PP no ha dejado de “batallar y reclamar” a la Junta estas depuradoras. De hecho, en sede parlamentaria los populares han preguntaron sobre el tema. De la respuesta obtenida, la información facilitada pone de manifiesto de que hay muchos pueblos en la provincia de Córdoba que todavía no tiene una depuradora de aguas. En el caso de Rute, el proyecto para la construcción de esa depuradora se encuentra en fase de redacción, y las de Llanos de Don Juan y Zambra están pendientes de planificación.
Los populares lamentan que no se cumpliese con las fechas establecidas en 2015 por la Unión Europea. Tampoco entienden que la Junta haya desoído en 2016 las peticiones del grupo popular en sede parlamentaria para que se construyesen las depuradoras pendientes. A ello se suman las diferentes mociones que se han presentado en los ayuntamientos, a la que se sumó el grupo municipal del PP, pero no el equipo de Gobierno de PSOE-IU. En todo este tiempo, los vecinos siguen pagando el canon extra. Pero además, los consistorios que no cuentan con una depuradora pueden ser multados y sancionados, según la normativa europea. Este asunto ha propiciado, ha dicho Molina, las reclamaciones del Defensor del Pueblo Andaluz. Éste ha presentado un documento a la Junta en el que le solicita saber cuánto se ha recaudado por este concepto. Asimismo, dado el incumplimiento de plazos constatado, el Defensor del Pueblo también insta al Gobierno autonómico a que comunique de nuevo los plazos previstos para la construcción de estas obras.
