El juez Emilio Catatayud pide en Rute a las autoridades un pacto por el menor

  • Asegura que se ha producido un incremento de delitos por maltrato de hijos a padres de clase media o media-alta

  • Los móviles se han convertido en la nueva droga de los jóvenes y un instrumento importante para cometer delitos

La concejala Ana Lazo fue la encargada de presentar al juez Emilio Calatayud

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Emilio Calatayud durante su intervención

Ante un auditorio completamente lleno, el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, ha ofrecido en Rute una charla que había generado mucha expectación. Así, bajo el título de “Educar hoy para no tener que castigar mañana”, el juez reivindicó a nuestros representantes políticos un pacto por el menor. No obstante, mostró su escepticismo de que logren llegar a un acuerdo en esta materia cuando con la Educación “no han sido capaces de aprobar una ley que se prolongue para toda una generación”. El afamado juez de menores de Granada, conocido por sus sentencias ejemplarizantes, fue capaz de mantener atento al público durante más una hora en el salón de actos del Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas. Esta conferencia ha estado organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Rute, y ha contado con la colaboración del IES “Nuevo Scala”, y la Asociación de Padres y Madres “El Junquillo”.

  • Se ha pasado de padres autoritarios a colegas y no se ha sabido encontrar el punto intermedio
El salón de actos del Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas se llenó al completo

A lo largo de su trayectoria profesional, el juez ha instruido cerca de cuarenta casos de asesinatos que se han producido a manos de menores. También ha tenido que juzgar más de ciento veinte violaciones y por sus manos han pasado cerca de diecisiete mil jóvenes. Lo que vino a decir a Rute no es nada nuevo. Como él mismo reconoció, lleva años repitiendo lo mismo. El juez de menores puso el acento en la familia y en la pérdida de autoridad por parte de padres y maestros. Antes, primaba “el aquí se hace lo que yo digo y punto”. Ahora, en cambio, dijo que se intenta “dialogar, reflexionar y argumentarlo todo”. Y eso está muy bien, reconoce, pero a su juicio se ha pasado de ejercer de padres “a ser colegas”. Calatayud, que se define como “un hijo preconstitucional y un padre pos constitucional”, considera que no se ha sabido encontrar el punto intermedio.

Un delito cada vez más frecuente es el maltrato de hijos a padres, entre familias de clase media y media-alta. Él nunca ha juzgado a un gitano por eso, afirmó. Para el conferenciante, se sabido trasmitir muy bien cuáles son los derechos de los hijos pero no tanto sus deberes. En este sentido, dijo que se ha olvidado enseñarles el artículo 155 relativo a la obediencia y respeto a los padres. Así, los hijos han  comenzado primero faltado el respeto a sus padres. Luego, han continuado con el maestro y así hasta ser capaces “de pegar al presidente del Gobierno”. Según el juez, los hijos son “cada vez más brutos y peor educados”. Tenemos “una generación de padres perdida” y la sociedad, en general, presenta “un complejo de joven democracia”. Se ha olvidado también el artículo 24 del Código Civil, relativo a respeto a la autoridad, que permite sancionar por cometer un delito de atentado. Como recordó, no se condena cuando un niño falta a la autoridad “a un concejal, un alcalde, un médico o un maestro”.

Un problema actual añadido es el uso del móvil, las apuestas por internet o las videoconsolas. Se han convertido en “la nueva droga de los jóvenes”, sentencia Calatayud. Además, el juez asegura que a través de los móviles y las redes sociales se comete delitos de acoso, amenazas contra el honor o la intimidad, siendo instrumentos muy peligrosos que convierten a muchos jóvenes en víctimas. Respecto a la Ley del Menor, dijo que no es tan blanda. Se mostró favorable a los trabajos en beneficio la comunidad, bajo la máxima “tú lo haces, tú lo pagas”. Él mismo ha condenado a jóvenes a cuidar a tetrapléjicos, por haber trucado una moto o conducido bajo los efectos del alcohol; o a limpiar el botellón, por haber cometido delitos de alboroto en las vías públicas. Respecto al botellón, se mostró completamente en contra. En este sentido, sostiene que las fiestas populares se han convertido en “un botellón institucionalizado”. En Granada, el Ayuntamiento ha tardado 15 años que quitarlo, y cuando se ha hecho, “no ha pasado nada”. Afirma que el 80% de los jóvenes que delinquen y se les aplica la ley no vuelven a hacerlo de mayores. Calatayud concluyó pidiendo sentido común a padres, educadores y políticos, y derecho sancionador de progenitores, además de no confundir “un cachete con un delito”.

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